En Argentina, según la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación (Sedronar), 1,2 millones de habitantes consumen marihuana. Mientras que esta cifra sigue en creciente avance, el ministro de Justicia Aníbal Fernández llamó a “terminar con un sistema que atrapa al consumidor y lo criminaliza” en la cumbre de la ONU en Viena, y el tema de la despenalización se instaló definitivamente en una sociedad que se debate entre las dos ideologías, quizás, sin comprender el trasfondo de la cuestión: ¿despenalizar o no?
La propuesta de despenalización del alucinógeno ya había sido presentada al Congreso por la entonces senadora Diana Conti en el año 2004, en un proyecto en donde la actual Diputada sostenía que la penalización es “inconstitucional”. Por su parte, Aníbal Fernández, hace poco más de un año también había pedido a las fuerzas de seguridad que apunten al narcotráfico y no a “perseguir a los que llevan un cigarrillo de marihuana en el bolsillo”. A partir de aquel momento, el panorama de los adeptos al cannabis cambió: recibieron la ideología del Ministro como un apoyo.
Sebastián Basalo, director de THC -la revista de la cultura canábica-, afirma que: “Es urgente despenalizar la tenencia para consumo ya que está en juego la libertad de decisión sobre qué quiero o no hacer con mi cuerpo, y siempre que ésta no afecte a terceros, como sucede en la ámbito privado, no puede ser penalizada”.
Basalo es, además, uno de los organizadores de la anual Marcha del Millón de Porros (MMP), que se realizó por última vez en Argentina el pasado 3 de mayo en simultáneo con más de 200 ciudades del mundo en reclamo de legalizar el consumo y, a su vez, con la motivación de la noticia del proyecto de despenalización. “Despenalizar no es legalizar, sino sacar al consumidor de la esfera penal para incluirlo en un sistema de salud que lo proteja, que a quien tiene problemas con el consumo de cualquier sustancia lo puedan atender psicólogos y médicos en lugar de policías y jueces”, asegura Basalo.
En la vereda de enfrente, Guillermo Moris, psicólogo especialista en adicciones y jefe de sección del Hospital Piñero, explica su postura: “Este debate desvía el tema de fondo: en Argentina tenemos alrededor de un millón de adictos sin tratamiento y, por ejemplo, ninguno de los 33 hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires interna adictos para tratamiento”.
El Licenciado interpreta que el gobierno trató de hacer “una especie de cortina de humo para desviar el tema real” y admite que le parece algo “peligroso” que Aníbal Fernández haya tomado prioridad en la cuestión porque “le da una lectura política al que es un tema meramente sanitario y deberían ser convocados verdaderos especialistas”.
Por último, Moris subraya un posible riesgo: “Tenemos una población altamente vulnerable y un programa sanitario muy endeble como para enfrentar un crecimiento del consumo”, y acusa: “Aquellos que se encargan de realizar campañas para fortalecer y favorecer todo lo que tenga que ver con el consumo de sustancias se encuentra en un terreno fértil. Hoy en día la idea de despenalización es interpretada como un consumo libre”.
A partir de que la medida se apruebe o no, los principales actores pasarán a ser los ciudadanos: ¿Serán víctimas o beneficiados? ¿La reacción social será propicia o desfavorable? Desde sus posiciones, cada ideología se aferra a esas contestaciones para justificar qué sucederá si se despenaliza el consumo de marihuana. Mientras tanto, las posibles respuestas son pura incertidumbre.
